El 16 de enero de 1965 el BOE anunció la concesión de 22 millones y medio de pesetas a un total de nueve provincias (Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla y Toledo) con el objetivo de combatir el paro mediante la realización de obras públicas. Nueve provincias sureñas españolas de carácter eminentemente agrario y latifundista cuya temporalidad laboral creaba un importante problema de desempleo que el franquismo decidió combatir aplicando medidas típicamente keynesianistas de estímulo de la economía mediante la realización de obras públicas. En realidad estas medidas no representaban más que un parche temporal, un pan para hoy y hambre para mañana que tan sólo servía para cubrir los períodos de inactividad en el ámbito rural. Cincuenta años después, con un país descentralizado, democrático y europeizado la situación permanece prácticamente igual en la zona.
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